Se ha constatado una dispersión y desorientación entre las distintas Organizaciones No Gubernamentales con interés en el "fenómeno violento", esto redunda en que el colectivo de víctimas, directas e indirectas, de la violencia se halle desprotegido y abandonado.

     Esta situación no debería de ser así si atendemos a la gran cantidad de víctimas que la violencia produce, y la solidaridad, compresión, apoyo, y/o "voluntad" que despierta en la sociedad.

     Sin embargo es un hecho que las víctimas no sólo se hallan abandonadas y desprotegidas por los poderes públicos, sino que los actuales sistemas judicial, resarcitorio y asistencial, son de una imperfección tal que apartan más a la víctima de la Justicia, de percibir una indemnización íntegra y de reintegrarse en la sociedad.

     En cuanto al ámbito judicial la víctima que padece la violencia (lo que ya representa una quiebra de un Estado de Derecho pues no se han puesto todos los medios para prevenir: educando, corrigiendo, advirtiendo o asegurando) se encuentra con un sistema judicial donde el delincuente tiene más derechos garantías y medios que la víctima y cuyos derechos no son defendidos con la premura en intensidad que merece.

     En cuanto al punto de vista resarcitorio el Estado no reconoce su responsabilidad en el fenómeno violento, cuando en todos los casos la violencia supone una quiebra en la seguridad que Estado debe de proporcionar como contraprestación al monopolio que ejerce sobre la investigación, persecución de delito y delincuente, juicio, sentencia y ejecución. Y esto haciendo abstracción de que el Estado, en algunos casos provoca la violencia por no prestar debidamente los servicios que la constitución le impone: Educación en la solidaridad y en la no violencia; Igualdad y no discriminación por razón de sexo, lengua, religión e ideas; Equitativo y Justo reparto de las riquezas; etc.… Es un hecho que el Estado debe de afrontar el fenómeno violento reconociendo su propia responsabilidad y pon tanto pagando indemnizaciones a las víctimas y no meras ayudas. Las víctimas quieren justicia no caridad.

     Y en cuanto a la asistencia que se presta a la víctima está completamente fuera de todo el sistema asistencial del Estado: En algunos aspectos el Estado presta mayor ayuda al delincuente que a la víctima en cuanto a su resocialización y reintegración social, como es el subsidio por desempleo, apoyo psicológico, etc.… Además el Estado divide a las víctimas según su condición o la del delincuente, creando también evidentes contradicciones, desequilibrios y discriminaciones.

     Nuestra finalidad es aunar esfuerzos y voluntades, concienciar a la sociedad de la situación de la víctima, elevar la voz para que se nos escuche, conseguir para la víctima la atención que demanda en definitiva llenar un vació.