"Se consideran delitos violentos contra las personas: los homicidios, asesinatos, las lesiones corporales, los robos con violencia, las agresiones sexuales, las detenciones ilegales y los delitos contra los trabajadores en los que se emplee la violencia"

 

     Que es intolerable el actual tratamiento que el Estado en general y el Gobierno y las Administraciones, en particular, dispensan a las VÍCTIMAS del fenómeno violento.

     Todas las VÍCTIMAS de un acto ilícito VIOLENTO sea cual fuere el tipo delictivo o la clase de delincuente HAN DE TENER UN TRATAMIENTO DECIDIDO, IGUAL Y UNIFORME POR PARTE DE LOS PODERES PÚBLICOS, independientemente de la edad de la víctima, de su nacionalidad, de su religión, de su estado o sexo o adscripción política.

     EL ESTADO tiene que reconocer su responsabilidad en el fenómeno violento. El delito lo generan, en muchos casos, las desigualdades, comportamientos o actitudes que el propio Estado mantiene, adopta o sacraliza. En otros casos el delito se pudo evitar mediante políticas educativas y preventivas. En otros muchos casos el delito se produce por una negligencia del Estado en cuanto a dotar de seguridad a la convivencia, por una mala persecución del delincuente o por la propia dilación en juzgarle, y por el fracaso de las políticas reinsertadotes y resocializadoras; EL ESTADO ES RESPONSABLE DEL DELITO y como tal se tiene que comportar.

     En este contexto, la VÍCTIMA, o sus familiares, esperan del ESTADO que asuma diligentemente su papel reparador del daño y no han de conformarse con políticas basadas meramente en la solidaridad o caridad públicas. En este mismo sentido el ESTADO ha de adoptar un comportamiento único con todas las víctimas que produzca la violencia, cualquiera que sea el tipo penal, móvil, etc.

     Por tanto nuestros primeros OBJETIVOS son:

     a) La inmediata promulgación de una LEY DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, dentro de un contexto de reforma del marco legal existente, y aque la actual regulación es parca, cicatera y discriminadora; promulgando una legislación en que la VÍCTIMA desde que sufre el daño sea tratada, al menos, igual que el delincuente, con una asistencia jurídica inmediata, especializada y gratuita, y se le dé la oportunidad de participar y ser oído dentro del proceso y en la ejecución de la pena. Donde específicamente se contemple que la VÍCTIMA del delito tiene derecho a un trato médico, psicológico y asistencial inmediato a cargo de la Administración sanitaria. Y se le reconozca el derecho a una indemnización que tienda a reparar íntegramente el daño causado, a cargo del Estado, independientemente que éste lo recupere del delincuente, mediante la oportuna dotación presupuestaria o la creación de un fondo.

     b) Que se diseñe y ejecute una verdadera POLÍTICA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, que comprenda el entorno educativo, familiar y social, estudiando las causas y vigilnado sus fuente, persiguiendo de una manera eficaz las conductas, prácitcas y actitudes que provocan la violencia.

     c) Sin olvidar el reforzamiento de la SOLIDARIDAD. La ayuda que ha de prestarse a las VÍCTIMAS NACE DE DOS NECESIDADES: La VÍCTIMA en sociedad. Cabe también hablar de SOLIDARIDAD desde el punto de vista del fomento del voluntariado social, a fin de que el apoyo más cercano y humano a las VÍCTIMAS lo presten voluntarios y no creando Oficinas de Asistencia la víictima sino en colaboración con las asociaciones, a fin de que la impersonalidad, la rutina y la burocracia no se apodere de estos medios hasta aumentar el daño que el propio delito causa.

     ASOSIACIONES CONSTITUYENTES: